Friday, 13 March 2015

Derechos humanos y los impactos de las políticas de drogas en las Américas

Evento paralelo organizado por CMDDD, Intercambios, CELS, Dejusticia, Conectas, Humanas y Plataforma Brasilera de Política de Drogas

Graziela Touzé. Chair.


Olga Guzman. Comisión mexicana a de defensa de los derechos humanos
En la CMDDD estamos trabajando a nivel nacional pero también realizando  incidencia internacional debido al aumento de la violencia y las violaciones de derechos humanos que la guerra a las drogas ha ocasionado. Algunas de las consecuencias de esta guerra a las drogas son
  • La estrategia de militarización de la seguridad pública
  • múltiples casos de detención arbitraria de civiles, tortura, tratos degradantes
  • así como múltiples casos de desaparición forzada
  • desplazamiento forzado de personas debido al aumento de la violencia. De 2011 a 2015, más de  280,000 personas han sido desplazadas internamento
Las verdaderas víctimas de la guerra a las drogas están invisibilizadas. La figura del arraigo, o detención prejudicial, también está constituyendo una violación de los derechos humanos. Básicamente consiste en deprivación de la libertad durante la investigación de un caso. El arraigo permite Deprivación de la libertad por más de 80 días. Muchas personas han sido detenidas en estaciones militares y en hoteles clandestinos, sin ninguna monitorización ni mecanismos de vigilancia por parte de civiles.  En este contexto, Juan Mendez, relator especial de la ONU para la tortura,  indicó la semana pasada que la tortura es una práctica sistemática en México. La impunidad es otra de las dinámicas prevalecientes.
La guerra a las drogas ha sido una narrativa de la última administración, el actual gobierno ha cambiado la retórica de guerra a las drogas sin embargo las violaciones de derechos humanos, desaparaiciones forzadas y tortura han persiste, y es grave que el estado no este cuestionando y este invisibilizando lo que está sucediendo.

Cristiano Avila Maronna. Plataforma Brasilera de Política de Drogas

El estatuto legal actual es la ley Federal 11.343 / 2006. De ella se deriva el no encarcelamiento de los usuarios, la existencia de servicios sociales a la comunidad y programa educativo relacionado con las drogas. Para los pequennos traficantes hay detención obligatoria, y un mínimo de 5 a 15 annos de libertad bajo fianza.

Como consecuencia de esta política de criminalización de iure y de facto, Brasil cuenta con la cuarta población carcelaria del mundo.

Otros  de los principales problemas de políticas de drogas en Brasil son las altas tasas de violencia y delincuencia. Brasil cuenta con altas tasas de homicidios debido a la violencia policial y militar, que también está involucrada en muchas otras formas  de vulneración de derechos humanos. Las operaciones militares especiales contra las organizaciones criminales son un componente básico de la militarización de la seguridad pública. Bajo autorización presidencial,  las fuerzas militares  están autorizadas a actuar en el interior del país con el fin de mantener el orden público.

Además en Brasil hay una gran corrupción de los órganos del estado y de aplicación de la ley. Según index de International Transparencia, Brasil cuenta con 43 puntos y se encuentra en el puesto 69 de 176 países.

Luciana Pol, Centro de Estudios Legales y Sociales. CELS. 
Voy a hablar de los impactos de la política de drogas en los sistemas y las prisiones. En Argentina el 70% de las personas que están en prisión lo están por delitos de drogas, 20% lo están por simple posesión, y el 10% relacionada con tráfico. El incremento de la detención de mujeres por delitos de drogas es un fenómenos presiente. El crecimiento de mujeres en prisión y la sobrepoblación carcelaria, ha llevado a que mujeres sean encarceladas dentro de containers,  metiendo hasta 26 mujeres dentro de un container, algo que está en el límite de lo que un estado democrático puede tolerar.

Según un informe de Corina Giacomello del IPDC, muchas de las mujeres acusadas de delitos de drogas se encuentran en una situación de extrema vulnerabilidad, muchas son cabezas de familia y se involucran en microtráfico por necesidad económica crítica. Además, a menudo son introducidas en la economía ilícita a través de relaciones amorosas, sentimentales, de familia. Muchas de ellas acaban detenidas en países extranjeros, lo que hace muy dificil que las familias las pueden visitar, de hecho esta población es la que menor tasa de visitas penitenciarias tiene.

La falta de interés por parte de las autoridades de ofrecer información y apoyo a las mujeres encarceladas sobre la custodia y cuidado de sus hijos las sitúa en situaciones de enorme extress y vulenerabilidad. El sentimiento de abandono y soledad es muy grande entre esta población. ç

La violencia dentro de prisión  también es muy alta.

Por último, las actitudes de la policía a menudo son corruptas y violatorias de los derechos humano
las leyes de drogas son utilizadas como una herramienta para ejercer control social sobre algunas poblaciones. El 21% de las detenciones que realiza la policía son por delitos de drogas. De estas, solo el 6% son fruto de ordenes de búsqueda, el son 50% detenciones preventivas, y el 38% de personas detenidas in fraganti. esto nos muestra que la detención de personas no es resultado de una investigación, sino más bien que prácticas de ¨stop and search¨ entre las poblaciones de la calle. Las prácticas de tortura y las las falsas incriminaciones, en las que la policía pone droga en el acusado) también son una práctica habitual.

La confluencia entre el tráfico de personas y el tráfico de drogas es creciente, esto se encuentra dentro de las dinámicas del mercado negro y la criminalidad, que también involucra tráfico de armas y lo hace con la complicidad y la corrupción de las autoridades locales.

Rodrigo Uprimny, DeJusticia 
Voy a desarrollar un argumento legal al respecto de las tensiones entre las obligaciones de derechos humanos y de las convenciones de drogas, y mostrar como en caso de tensión las primeras han de prevalecer y las segundas adaptarse e interpretarse implementarse con flexibilidad.

Como han visto hay contradicciones y tensiones sobre las obligaciones de derechos humanos y las de política de drogas. Los estados deben  no solamente cumplir las convenciones, sino también los derechos humanos en buena fe, y la declaración de (...) Que sucede y que régimen debería prevalecen cuando hay una contradicción entre ellos? El cumplimiento de las obligaciones de derechos humanos debería prevalecer.

Los Artículos 55 y 56 de la Carta de Derechos Humanos nos hablan de la importancia de lograr el estatus universal de los derechos humanos. Las obligaciones de derechos humanos están bajo la carta de derechos humano. La convenciones contra la tortura, también tiene un vínculo directo con la carta de derechos humanos. Sin embargo, las obligaciones de las convenciones de drogas no se encuentran bajo el paraguas de la carta de derechos humanos ni son derivadas directamente de ella. Los artículo  2 o 3 de (...)  indican en momento de conflictos con otros acuerdos internacionales indica que en caso de incompatibilidad de la carta de ddhh con otros acuerdos, la carta debería de prevalecer.

En este sentido, nuestras conclusiones y recomendaciones son que,
  • Tenemos que reconocer en los estados, la flexibilidad que se deriva de las convenciones de drogas. no se pueden interpretar las convenciones de manera aislada a los ddhh. Los estados, de buena fe, pueden reinterpretar las convenciones de ddhh para hacerlas compatibles con el resto de los tratados de ddhh. 
  • los indicadores y medidas de políticas de drogas no deberían basarse solamente en el control de drogas, sino que hay que incorporar mediciones alineadas con el resto de las convenciones
  • los órganos de control de drogas internacionales, que deberían interpretar las convenciones acorde con los derechos humanos. No debería ser aceptable que para reducir la oferta en un 50%,  se violen los derechos humanos. 
Graziela Touzé, Intercambios, Argentina
Estas organizaciones son parte de un grupo de 17 organiaciones que el anno pasado presentaron un caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que por primera vez prestó atención a estos temas.

Respuestas a preguntas 
  • Como influye el modelo de Portugal de descriminalización en Brasil 
  • Impactos de la criminalización en las poblaciones más vulnerables
Cristiano Avila Maronna. Es improbable que el modelo de descriminalización de Portugal tenga un impacto en Brasil. En Brasil el escenario puede cambiar si la Suprema Corte lo decide, pero la policía está en contra de cambio alguno, así como los grupos religiosos. 

Olga Guzmán. Los estados han de reconocer que hay violaciones de derechos humanos sucediedo en su país para poder hacer frente a las problemas. El caso de Ayotzinapa, pero no solo este, ha mostrado como el estado mexicano es un narcoestado, muchas instituciones del gobierno están involucradas en los cárteles de la drogas.

Luciana Pols. La idea de regular los mercados del cannabis es derivar los negocios del mercado ilegal al legal. En EEUU las consecuencias e impactos de estas decisiones son muy diferentes a las que pueden ser en Uruguay, cuyo modelo es particular. Con respecto a las convenciones, hay una paradoja. Todas las políticas que se establecieron para proteger los derechos de los ninnos y los jóvenes, no han funcionado. En America Latina no tenemos una percepción muy liberal del consumo de drogas, es una percepción arraigada en nuestras culturas. Es parte de nuetro trabajao enfocar la guerra a las drogas como un mecanismos violatorio de derechos humanos. Además, la criminalidad no es un fenómenos local o regional, sino internacional, se ha puesto el énfasis en la erradicación de la oferta, y no demasiado en la detención del flujo de capitales vinculados al negocio de la droga. América Latina se ha llevado la peor parte. Qué se está haciendo al respecto de los negocios economocos vinculados con la droga en Europa

Rodrigo Uprimny. Uno de los argumentos mas fuetes para la experimentación con mercados regulados legales es la discrimación de determinadas poblaciones. La corte constitucional de Colombia en 1994 descriminalizó la posesión para uso personal. En ese momento los expertos de medicina legal indicaban como la mayoría de la gente aprehendida por uso y posesión lo estaba por posesión de crack y no cocaína, lo que nos muestra cual es el patrón de arrestos, centrados en la población más marginalizada.  Por otro lado, hay una gran discrepacia entre la visión de los académicos y la de los políticos. Es difícil encontrar académicos que defiendan la guerra a las drogas, hemos de desarrollar argumentos fuertes para mostrar cuales son las alternativas.

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